¿Cómo llegamos hasta acá?

23 A

El día 23 de abril se realizó la primera movilización histórica en defensa de la universidad pública, como reclamo central la falta de fondos monetarios para garantizar su correcto funcionamiento. Se han visto escenas de universidades teniendo que apagar luces en lugares concretos de sus edificios, docentes en reclamo por sueldos bajos y universidades peligrando el cierre de las mismas.

Todo este combo fue lo que revalso el vaso para que las calles se llenaran del pueblo defendiendo el derecho, no solo de universitarias, universitarios, egresadas y egresados, sino también el derecho de sus familias. Más de un millón de personas se congregaron en diferentes puntos del país alzando la voz en reclamo de los giros que garanticen el funcionamiento. Fue el primer cimbronazo, con esta movilización se logró un aumento del presupuesto pero que solo cubría los gastos para el pago de los servicios esenciales, que no solucionaba el problema de raíz ya que solo representa el 10% del presupuesto total necesario. En este marco se siguieron dando diferentes negociaciones con el gobierno nacional que nunca llegaron a un acuerdo entre las partes.

Ley de  financiamiento de universidades.

La oposición presentó un proyecto de ley con una recomposición salarial sujeta a la inflación desde diciembre de 2023 hasta la fecha, esto alcanzaría al personal docente. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”. El proyecto de ley fue aprobado con un amplio acompañamiento de las diferentes fuerzas políticas, como un acuerdo entre los diferentes bloques, que coincidieron a la hora de levantar a la universidad publica como bandera. El gobierno nacional con sus voceros oficiales y el mismo Javier Milei adelantaron que van a vetar esta Ley, que no se van a mover un ápice y que todo aquello que genere un gasto público y se salga de sus cuentas no va ser aprobado. Sus argumentos son que ellos intentaron negociar todo este tiempo que los docentes, junto a sus gremios y aquellos representantes de universidades deberían hacer el esfuerzo de aceptar la propuesta del gobierno, siendo simplemente el rechazo por una posición ideológica. Por otro lado, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusa a las universidades de inventar alumnos fantasmas para engrosar sus presupuestos, acusación que fue rechazada fervientemente por las universidades.

La posición en defensa de la educación publica es que las universidades no son parte del problema sino parte de la solución, las universidades siguen en estado de alerta con emergencia presupuestaria, los salarios de los docentes universitarios son bajos a nivel regional. Entendiendo a la educación pública como bandera y entre ellas una de las mejores universidades de latinoamérica.

Además, según el gobierno nacional se está hablando de un proyecto para arancelar a las universidades o que pasen a depender pura y exclusivamente de las provincias, ¿qué tan viable son estos proyectos? ¿Cuántos estudiantes se van a  quedar sin poder pagar sus estudios? ¿Las provincias están en condiciones de hacerse cargo del presupuesto para mantener activas las universidades? La provincia más perjudicada con este proyecto sería Buenos Aires donde funcionan más de 20 universidades.

Segunda marcha federal educativa

La advertencia de veto se transformó en una gran movilización el 2 de octubre en la cual confluyeron diferentes sectores de la sociedad: estudiantes, profesionales, sindicatos, organizaciones sociales, etc. La contundencia se plasmó en las calles porteñas, bonaerenses, cordobesas, mendocinas, salteñas, chubutenses, tucumanas, rionegrinas, santiagueñas, rosarinas, pero, finalmente, el veto se firmó a tan solo horas de las desconcentraciones.  

Las discusiones que esto suscita son diversas, pero se podría afirmar que todas buscan un culpable externo a las decisiones del gobierno nacional. Responsabilizan a la sábana corta que no llega a cubrir a todos y por ende, como los gobiernos kirchneristas hicieron desastres económicos ahora no hay plata y no alcanza para cubrir todas las necesidades y por ende la austeridad se convierte en valor. Se responsabiliza a los decanos de haber creado “el partido de las universidades” y que, al funcionar de manera corporativa con intereses políticos alineados al peronismo entonces sus reclamos son ilegítimos. Se responsabiliza a las personas extranjeras porque generan un gasto (son el 4% de la población universitaria), y después no se quedan a retribuir lo que el país le dió. Se responsabiliza a las y los estudiantes por alargar sus trayectorias formativas y no cumplimentar el plan de estudios en los tiempos estipulados. Se responsabiliza a quienes pasan de carrera en carrera sin terminar ninguna. Se responsabiliza a los centros de estudiantes y la actividad política en las universidades creadas por y para el pueblo. “De este problema todos son culpables menos yo”, diría Caputo, el gran fugador.

La discusión, para el pueblo, es si las y los estudiantes somos solo un número, si realmente el sueño de poder estudiar para mejorar nuestro futuro es una irrealidad. Este ajuste perjudica al mismo sector social en todas sus expresiones de vida. A aquel que sueña con recibirse y poder contar con herramientas para, quizá, tener una realidad más amena con sus expectativas. Hay discusiones que nos pasaron por abajo, sin duda. Quizá por eso llegamos al punto de discutir la universidad pública como un todo. O, quizá, solo tengamos que asumir que el gobierno de las recetas simples, presenta soluciones simples, aunque ello implique movilizaciones masivas en provincias que hace menos de un año llenaban las urnas de boletas violetas.